Por el derecho a la vivienda desde lo municipal

En un marco en el que las competencias institucionales frenan la lucha por el derecho a la vivienda e imposibilitan el acceso a una vivienda digna a las personas en situación de vulnerabilidad, queremos poner el foco en la voluntad política de las candidaturas municipalistas para que exijan más competencias institucionales y pongan en marcha los mecanismos que tienen en su poder para ponerlos al servicio de la ciudadanía en materia de vivienda.

No podemos quedarnos paradas excusándonos en que no tenemos competencias si no llevamos a cabo acciones que están en nuestra mano utilizándolas con valentía y contundencia.

Para conseguirlo, debemos poner en práctica algunas acciones que se pueden lograr desde la política institucional municipal:

• Parques de vivienda pública municipal cumpliendo un equilibrio territorial en las ciudades, impidiendo que los municipios se dividan en líneas de riqueza y pobreza.
  • Rehabilitar y poner en régimen de alquiler social todas las viviendas que sean propiedad directa de los ayuntamientos.

• Inspeccionar las viviendas vacías en cada municipio con un impuesto especial al propietario si no está haciendo uso de ellas ni alquilándolas.
  • Impuesto a la vivienda vacía. En varias ciudades de Francia existe ya un impuesto especial que se aplica en zonas de especial escasez de alquileres y que funciona de una manera sencilla:
    • El primer año se impone una tasa del 300% del IBI
    • El 2º año vacía se sube al 600%
    • El 3er año se multiplica por 10.
  • Establecer una tasa de inspección fija de 1.000€ por cada vivienda vacía
• Moratoria de un año a la nueva edificación y a la rehabilitación integral de edificios, en toda la ciudad o en las zonas donde existan planes especiales (generalmente el centro y zonas sometidas a presión turística). La mayoría de las operaciones de rehabilitación integral en el centro de las ciudades tienen una finalidad puramente especulativa.

• Expropiar edificios sin uso para convertirlos en viviendas.

• Regular el alquiler turístico en las ciudades.
  • Moratoria a toda nueva licencia de apartamentos turísticos y hoteles hasta que no se estabilice el mercado del alquiler o haya una alternativa habitacional clara ante las subidas de precios.
  • Tasa

• Compromiso de las policías locales de no participar en ningún desahucio hipotecario o de alquiler.

• Introducir una tasa turística a los apartamentos turísticos existentes: entre 1 y 5 € por pernoctación y huésped, en función de si la explotación del apartamento corresponde a un particular o una empresa. Gravar con el tope de 5€ a cualquier  titular de más de una vivienda.